Actualmente nos encontramos en una coyuntura económica desfavorable para muchas economías, tanto de particulares como de empresas.

La crisis del sector inmobiliario y la subida de los tipos de interés ha generado en muchos casos una falta de liquidez que ha propiciado la aparición de impagos, y el endurecimiento de las condiciones de financiación unido a lo anterior, ha ocasionado situaciones que conducen a las empresas o a los particulares a situaciones de quiebra técnica.

La actual Ley concursal impone a los administradores de sociedades un plazo de dos meses para solicitar la declaración de cuncurso, so pena de ser responsables ellos también de la deuda contraida por la empresa.

Esta Ley no está directamente dirigida a la liquidación de la sociedad, sino que tiene como propósito fundamental la preservación de la empresa, de su patrimonio y de los empleos que dependen de ella, lo que depende de la adecuada formulación de un plan de viabilidad.

Este plan de viabilidad puede ser correctamente gestionado por un equipo conformado por abogados con experiencia en asuntos económicos, debidamente apoyados por auditores y especialistas en gestión financiera.

Nuestra experiencia en el campo del derecho concursal nos ha permitido la gestión con éxito de concursos de acreedores de gran evergadura.

Igualmente los particulares pueden acogerse a los beneficios de la Ley concursal, habiendo dirigido también nuestro despacho procedimientos de este tipo, orientados a la mejora de las economías familiares, o incluso de masas hereditarias en proceso de división, en protección de patrimonios familiares.